Nos han convertido en Estado plurilingüe como Bélgica sin preguntar al pueblo español
La imagen de los senadores estrenando pinganillos será con el paso del tiempo una de esas imágenes que servirán para explicar la desafección entre la ciudadanía y la clase política en la que cada vez insisten más los estudios sociológicos en nuestro país. Un alejamiento que, si tomamos como ejemplo lo sucedido en el Senado, es sin duda merecido por los representantes públicos.
El mensaje común de los titulares que durante esta semana han copado los medios de comunicación a este respecto incidía en los 12.000 € por sesión que nos costará a los españoles mantener erguida la torre de Babel en que hemos convertido el Senado. Cifra tan escandalosa que para muchos podría suponer un argumento ya de por sí arrollador a la hora de desechar lo que en su día fue una propuesta de los nacionalistas y hoy es una realidad.
El problema de sostener con este argumento el rechazo a la medida es que habiendo caído esta en un momento económico diferente, en épocas boyantes pasadas, quizá hubiésemos tragado en silencio ante un esperpento que no por barato dejaría de serlo. Quiero decir con esto que el coste económico de la medida puede ser un motivo, pero sólo uno más, para oponerse a esta barbaridad.
Y es que el problema de fondo debería ser si nuestro sistema democrático y constitucional admite ese modo de funcionamiento de la Cámara alta para el cual se necesitan esos traductores. La posibilidad de que la reforma del Reglamento del Senado fuese de difícil encaje en la Constitución española es una reflexión de calado mucho más importante, porque la vulneración de la Carta Magna por parte de una de las dos cámaras de las Cortes Generales sería una situación no dependiente de la coyuntura económica del país, sino de consecuencias gravísimas para España.
Trataré de explicarlo de manera sencilla. El artículo 3 de la Constitución de 1978 reconoce en su apartado primero la oficialidad del castellano en todo el territorio del Estado, así como el deber por parte de los ciudadanos españoles de conocer esta lengua. Lo cual, valorando de obligatorio el conocimiento de la lengua común a los senadores, podría ser otro motivo más para tachar cuando menos de incoherente lo sucedido el martes.
Pero donde especialmente quiero llegar es al apartado segundo del artículo 3, en el que se dispone textualmente lo siguiente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Esta disposición constitucional es la que elimina cualquiera de las comparaciones en las que los nacionalistas y el PSOE se apoyan para trasladar el modelo de Bélgica o el del Parlamento Europeo a nuestro Senado. Ese Parlamento Europeo con varias lenguas declaradas cooficiales, o esa Bélgica que adoptó un sistema plurilingüe donde las diferentes lenguas son oficiales en cualquier parte del Estado. La realidad es que el nuestro es un país con una sola lengua oficial en todo el territorio nacional, que contempla la cooficialidad de las lenguas autonómicas únicamente en las respectivas comunidades. Y pintar otra realidad no será sino mentir a la ciudadanía y veremos si incurrir en una ilegalidad.
Lo que sucedió el martes en el Senado, tapado con el velo del despilfarro, que esta vez interesaba incluso a los autores de la tropelía, es que nos han cambiado la Constitución por la puerta de atrás, sin apenas enterarnos.
Han convertido a nuestro país en un Estado plurilingüe como Bélgica sin haber preguntado al pueblo español, depositario de la soberanía nacional, si ese era nuestro deseo. Quizá sea mucho más fácil comprender lo que trato de explicar yendo al marco en el que se aprobó esta antigua reivindicación de los nacionalistas, que no era otra que la de la negociación de Zapatero con el PNV la pasada primavera para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y mantenerse así en La Moncloa un año más.
Los nacionalistas, con el cómplice voto a favor del Partido Socialista, determinante para imponer los pinganillos en el Senado, han vuelto a acudir a la vía de los hechos para ganar un metro más de terreno en un avance que no tienen intención alguna de detener. Y cuando hablamos del modelo de Estado, de un elemento como es la lengua, que no se entiende sino como instrumento de comunicación al servicio de los ciudadanos, y sobre todo, cuando lo que nos jugamos es el cumplimiento de la Constitución que libremente nos hemos dado los españoles, no debemos permitir que el despilfarro económico esconda una cesión más al continuo chantaje nacionalista.
Debemos explorar y valorar todos los caminos y actuar en defensa del modelo constitucional, aunque este sea atacado desde las propias instituciones del Estado por una minoría nacionalista que hace tiempo controla y dirige al Partido Socialista. Y luego seguiremos denunciando que los traductores del Senado son caros, indecentemente caros, pero que nadie se olvide, son inmorales y podrían ser indecentemente ilegales.
*Pablo Yáñez González es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.
Publicado en:
La Gaceta
