ENTREVISTA A PABLO YÁÑEZ EN "EL IMPARCIAL"

¿Qué les ha impulsado a constituir en enero de este año esta asociación?


Hasta ahora han existido entidades cívicas que denunciaban las imposiciones lingüísticas en determinadas Comunidades Autónomas como Galicia, Cataluña o Baleares. Nosotros valoramos enormemente su labor. Sin embargo, entendemos que el problema se ha extendido a otros muchos lugares de España, y que en el fondo lo sufrimos todos los españoles. Por tanto, si admitimos que hay un problema nacional, era necesario articular una respuesta nacional a ese problema.


¿Son realmente conscientes los españoles de que la defensa de la lengua es una cuestión que nos afecta a todos? ¿El ciudadano de Valladolid, por ejemplo, puede sentirse implicado con esta causa?

A día de hoy esa concienciación existe sólo en unos pocos ciudadanos y en unos pocos lugares. Ese es uno de nuestros objetivos, hacer ver al conjunto de la sociedad española que las libertades que hemos perdido eran de todos, y por tanto, recuperarlas, tiene que ser una labor de todos.


¿En qué le puede afectar a su vida cotidiana a un trabajador vallisoletano?

Las imposición de las lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas ha roto la igualdad entre los españoles. El trabajador vallisoletano no puede trabajar en la sanidad pública de Baleares porque se le exige el conocimiento del catalán, no puede escolarizar a su hijo en castellano en Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco... Es víctima de las imposiciones en la medida en que se ha cercenado su libertad de moverse libremente por España. En un momento económico como este, las imposiciones son barreras dentro del mercado laboral.


¿Qué valores ideológicos defienden ustedes?

Defendemos precisamente la libertad del ciudadano español de elegir libremente su puesto de trabajo sin restricciones lingüísticas, la libertad de los padres de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, la libertad del empresario que ha sacado su negocio adelante con muchísimo esfuerzo de decidir en que lengua rotula su negocio. Defendemos la libertad del ciudadano de elegir en que lengua vive su vida. Nos mueve la reivindicación de esa libertad individual como garantía de progreso.


¿La Asociación está vinculada a alguna corriente política?

No. Estamos fuera de lo político para introducir en ello una demanda, la de la libertad lingüística, convencidos de que sólo así se generará una respuesta al problema.

¿Cuál es el objetivo principal de su asociación?

La ANLL nace para que cada paso que demos a partir de ahora en materia lingüística sea hacia delante en la recuperación de espacios de libertad que hemos ido perdiendo durante estos años. Vamos a hacer ver a los ciudadanos españoles que el levantamiento de fronteras lingüísticas es un problema que nos afecta a todos. Y ese será, a buen seguro, el primer paso hacia la solución del conflicto.



En el Senado recientemente hemos visto aprobado una modificación de su reglamento para permitir la participación en los plenos en las distintas lenguas cooficiales con los gastos en traducción y la incomodidad que ello implica. ¿Qué opina la ANLL al respecto y qué acciones ha emprendido o pretende emprender?

La ANLL denunció desde el primer momento que se trata de una medida incoherente, inapropiada e indecente. Es una cesión más al chantaje nacionalista, pagada, una vez más, con el dinero de todos los españoles. Antes de admitirse a trámite, la ANLL solicitó a cada senador que rechazase la medida por dignidad y respeto a los ciudadanos. Cuando vimos que nada de eso queda en determinados representantes políticos acudimos a la Comisión Europea para que nos diga como cuadra ese millón de euros en el plan de ajuste del gasto que se nos viene exigiendo desde Bruselas.


Desde luego vamos a seguir moviéndonos para tratar de evitar el despilfarro. Recordaremos a los senadores que ocupan ese cargo para servir a los ciudadanos y no para servirse de los ciudadanos.

¿Cuál es el caso más grave que se han encontrado ustedes desde la fundación de su asociación?

A nivel colectivo, el del Senado es un caso gravísimo porque muestra una falta de respeto enorme a los ciudadanos en una situación económica como la actual. A nivel individual, llevamos a Natalia, una estudiante de Valencia, al Ministerio de Educación y a la sede nacional del Partido Popular para reivindicar que no se la suspendiese por responder a los exámenes en castellano en su comunidad autónoma. Actualmente hay un proceso judicial en trámite por no poder escolarizar a un hijo en castellano en un pueblo de Alicante. Denunciaremos las imposiciones se produzcan donde se produzcan y sean cuales sean las siglas políticas bajo las que se produzcan.

¿Las lenguas cooficiales son empleadas como un instrumento para fragmentar a España?

Efectivamente. Y ese uso de las lenguas como elementos de confrontación política ha dado lugar a espacios de cada vez menos libertad individual. Nos oponemos a que se haga política nacionalista, independentista o separatista, o simplemente política, con una riqueza cultural, la de que existan diferentes lenguas en nuestro país, que nos pertenece a todos los españoles.



¿Cuáles son las comunidades autónomas más conflictivas en materia lingüística?

Tradicionalmente Galicia, País Vasco, Cataluña y Baleares han ido a la cabeza en este asunto. Sin embargo hoy en día la Comunidad Valenciana funciona prácticamente igual que Cataluña, en Aragón el Partido Socialista ha vendido la libertad lingüística al nacionalismo catalán, y observamos que en lugares como León, o sobretodo Asturias, comienzan a imitarse estos comportamientos. Ese mimetismo absurdo hace que sea tan necesaria una respuesta nacional al problema lingüístico.
 
 
Vía:  El Imparcial