La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística considera la decisión del Govern Balear de mantener la prohibición al niño Olav Boned para examinarse en castellano la consecuencia de la irracional política lingüística adoptada por los socialistas en las Islas en contra del interés general de los alumnos.
El Govern no ha atendido las demandas de Olav, basadas en un problema de dislexia, para poder realizar sus exámenes en castellano, esgrimiendo que es la Ley de Normalización Lingüística quien lo prohíbe.
La ANLL recuerda al Partido Socialista que suya es la responsabilidad de las leyes en vigor en Baleares, y que suya será la responsabilidad del coste social que estas, en materia lingüística, tendrán para la sociedad balear que está viendo hipotecada la educación de sus jóvenes por derivas nacionalistas.
Consideramos el caso de Olav representativo de otros muchos alumnos que sufren la educación monolingüe impuesta por el Gobierno Balear y que ataca directamente la libertad lingüística y el progreso del archipiélago.
Por último la ANLL insta al Partido Socialista a rectificar, a tomar en consideración la demanda de Olav, a depurar las responsabilidades de quienes han obligado al niño a abandonar ese colegio y a abrir un debate real para derogar la Ley que supone experimentar modelos de imposición con los alumnos de Baleares.
Asociación Nacional por la Libertad Lingüística
Como ibicenca recuerdo este caso y es para denunciar por vulnerar los derechos de un ciudadano a estudiar su propia lengua, el castellano.
ResponderEliminarEn Ibiza nuestros hijos no pueden estudiar castellano.
Basta ya !!! Esto es una dictadura
La culpa es del Gobierno Central, por no establecer con claridad, a través de una Ley Orgánica, la obligatoriedad de que en España, la lengua vehicular en la enseñanza tiene que ser el español; lo mismo que en Francia es el Francés o en Portugalel portugués.
ResponderEliminarEllo no es óbice para que cualquier español pueda estudiar y utilizar libremente, cualquier otra lengua española o extranjera, o que se le reconozca el derecho a dirigirse a la administración en cualquier otra lengua autonómica e incluso a recibir respuesta por escrito, en esa otra lengua a su elección.