Pablo Yáñez, presidente de la recién creada Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL), ha hablado con LA VOZ DE BARCELONA para explicarnos el porqué de una entidad de este tipo más allá de las comunidades con dos lenguas oficiales y de las zonas de influencia nacionalista.
El núcleo promotor de la ANLL lo constituye unas quince personas, pero en poco más de un mes de vida cuenta con unos setenta asociados en 17 provincias diferentes y con decenas de solicitudes tramitándose.
Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, Yáñez responde a las preguntas sin vacilar. El motivo por el que crear una asociación por la libertad lingüística en Madrid es contundente: “Cuando te pones a analizar, por ejemplo, el hecho de imponer el catalán como un requisito para acceder a un puesto en las Baleares, no es un problema solo de las Baleares, sino que afecta al enfermero de Burgos o de Cáceres que no puede acceder a un puesto de trabajo en una región de su país cuando la Constitución les reconoce un derecho a la libre circulación, a la libre elección del puesto de trabajo”.
Un problema de ámbito nacional
olo tiene palabras de agradecimiento y de reconocimiento para las asociaciones cívicas en defensa de la libertad lingüística que “durante tantos años hemos dejado solas defendiendo el problema de todos“. Entidades que, nos recuerda, se han puesto en contacto con la ANLL para darles la bienvenida y trasladarles su apoyo.
“Hasta ahora se ha cubierto ese espacio de reivindicación cívica de la libertad lingüística en determinados territorios a través de asociaciones que vienen trabajando muy valientemente -porque lo complicado es defenderlo aquí o en Galicia o en el País Vasco- pero hay que asumir que este problema es nacional“, añade.
El objetivo de la ANLL “es concienciar a la sociedad nacional en su conjunto de que el levantamiento de fronteras lingüísticas es un problema que nos afecta a todos”, y no solo a los habitantes de las comunidades con dos lenguas oficiales.
Independiente de los partidos
Yáñez, militante de Ciudadanos -formación que ha hecho público su apoyo a esta iniciativa-, insiste en que la asociación es independiente y que “no ha nacido para ser el altavoz de ningún partido político”, y asegura que “hay pocos medios de comunicación que tengan una concienciación real de que son ellos los instrumentos a través de los que se pueden denunciar situaciones de imposición lingüística”, pero también reconoce que “la mayoría de los que lo hacen, han respondido a nuestro llamamiento”.
Toma de contacto directa con el ciudadano y traslado del mensaje a los medios de comunicación, será la fórmula para conseguir su objetivo, todo ello aderezado con la frescura y la juventud de muchos de sus miembros.
“Quien crea que hemos venido a hacer una defensa férrea del castellano como lengua única y únicamente oficial del Estado, se está equivocando, porque lo esencial es que el ciudadano pueda elegir la lengua en la que educa a sus hijos, en la que se comunica con la administración, en la que rotula su negocio, en la que vive, en la que desarrolla su vida. Y cualquier método de imposición lingüística es incompatible con eso”, subraya.
Según el presidente de la ANLL, “hemos pasado de un modelo en el que se financiaba o incentivaba a los comerciantes para que rotularan en catalán, a un modelo en el que ya no es el incentivo, es la amenaza, es la coacción, es la multa“. Lo tiene claro: “Es injustificable que se multe a un ciudadano español por rotular su negocio en la lengua oficial del Estado”.
De espaldas a la realidad social
Reitera que “intentar crear un sistema normativo de espaldas a la realidad socialde Cataluña, donde el 50% de los ciudadanos se expresan en catalán y el otro 50% en castellano, se llama nacionalismo y es tristísimo”.
En relación a los recursos públicos empleados por muchos gobiernos nacionalistas en cuestiones lingüísticas, Yáñez señala que “cuando necesitamos inyectar dinero público para la utilización de una lengua, no para no perderla -que en ese caso, se podría entender- sino para elevarla al nivel de otra, estamos hablando de un proceso ridículo e irracional”.
Le recordamos que los defensores de la inmersión lingüística obligatoria en las escuelas públicas de Cataluña argumentan que se hace por el bien de los alumnos, pero él lo rechaza: “Me niego a aceptar que la administración pueda justificar cualquier tipo de imposición en nombre del bien futuro del ciudadano. Hablemos del presente, y el presente, en este caso, es una imposición, una situación de no libertad. No me hables de una libertad futura porque entonces estamos defendiendo que el fin justifica los medios”.
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