miércoles, 28 de abril de 2010

CARTA DE LA ANLL A LOS SENADORES PARA QUE RECHACEN EL USO DE LENGUAS AUTONÓMICAS EN EL SENADO


Excelentísimo Senador/a,
Me dirijo a usted como Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística en referencia a la votación que tendrá lugar esta tarde en el Pleno del Senado para autorizar el uso del gallego, el catalán, el euskera y el valenciano con la consiguiente contratación de respectivos intérpretes para poder desarrollar las sesiones.
Me gustaría que se uniese a la reflexión conjunta que le proponemos acerca de si esta reforma del reglamento de la Cámara se adecua a las necesidades actuales tanto de los procesos parlamentarios como de la ciudadanía española a la que ustedes representan, y por tanto, a la que ustedes han adquirido el compromiso de servir.
Cada uno de los senadores que conforman la cámara se ha venido expresando hasta el día de hoy en castellano sin que eso haya supuesto nunca un problema de entendimiento entre los representantes venidos de diferentes Comunidades Autónomas. De hecho, la aprobación de la reforma supondría la presencia de intérpretes durante los actos parlamentarios, pero no en otros momentos de convivencia dentro de la Institución, los cuales, suponemos, se seguirían desarrollando con absoluta normalidad en la lengua oficial del Estado.
Planteamos si es consecuente con la actual situación económica y con la necesaria austeridad en el gasto público poner en marcha la contratación de servicios de interpretación entre individuos que dominan una misma lengua.
Consideramos la medida inapropiada políticamente en la medida en que la Constitución establece el castellano como lengua oficial en todo el Estado así como el deber de conocerla y el derecho a usarla, este último no siempre respetado.
Pero sobretodo, consideramos inmoral, impropio de quienes nos representan y una falta de respeto a todos los españoles el empleo de dinero público en satisfacer las obsesiones lingüísticas e identitarias de unos pocos.
Le solicitamos que desde su posición reflexione el daño que la medida hace no sólo al ya de por si maltrecho erario público, sino a la confianza de los españoles en unas instituciones, las suyas, que consideran prioritario emplear los recursos públicos en medidas como a la que nos referimos.
Esperamos que la lógica se imponga, y que tengamos motivos para seguir confiando en la máxima de que un representante público es un servidor de los representados y no alguien que se sirve de estos para llevar a cabo sus intereses políticos o personales.
Reciba un cordial saludo.
Pablo Yáñez González
Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística

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