Pablo Yáñez, presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, ha hecho entrega en la mañana del viernes 14 de mayo de una misiva en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, en la que se solicita a esta institución que aporte su sentido común para ayudar a frenar la contratación de traductores de gallego, euskera, catalán y valenciano en el Senado.
Desde la ANLL hemos informado a la Comisión Europea del coste real de la medida, superior al millón de euros, y le hemos pedido a los comisarios que valoren la coherencia de la misma con el plan de ajuste del gasto que desde Bruselas se ha recomendado en varias ocasiones al Gobierno español.
Denunciamos que el ajuste no será tal si permitimos que medidas como la de los traductores del Senado, alejadas absolutamente del interés y beneficio de los ciudadanos, salgan adelante. Supondría, a nuestro juicio, un daño aun mayor al ya de por si maltrecho erario público.
La ANLL, que ya solicitó el pasado 28 de abril a todos los senadores que se uniesen a la reflexión propuesta, y rechazasen la medida por no ser “ni necesaria, ni coherente, ni decente”, advirtió que elevaría el caso a la Unión Europea para presionar al Partido Socialista a posicionarse en contra en el resto de los trámites que la medida va a recorrer en los próximos meses.
En la carta dirigida a los comisarios europeos, la ANLL recuerda que España no es, según la Constitución de 1978, un país plurilingüe, sino que la Carta Magna reconoce la cooficialidad de determinadas lenguas, en determinadas Comunidades Autónomas.
Desde la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, Pablo Yáñez ha anunciado que “mantendremos la denuncia porque el despilfarro es inmoral, y trabajaremos para hacer llegar a los españoles en qué se emplea verdaderamente el dinero público mientras se nos aprieta el cinturón”.
Noticia publicada en La Voz de Barcelona, España Liberal y Aragón Liberal
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